20 de septiembre Jornada de Acción contra los tratados TTIP y CETA
CC.OO., que ha mantenido y mantiene una activa campaña contra el TTIP, hace un llamamiento a participar en la Jornada de Acción del 20 de septiembre, entre otras concentración ante la sede de la UE (Pº de la Castellana,46 de 13:30 a 14:30), convocada en toda Europa por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), y en las manifestaciones del próximo 15 de octubre para decir NI CETA NI TTIP. No a los tratados de lilbre comercio.
El sindicato ha venido participando activamente en la Plataforma No al TTIP, movilizando a sus organizaciones y presentando sus propuestas a nivel institucional. Aunque la firma del TTIP parece poco probable, como consecuencia de las filtraciones sobre su contenido, el triunfo del BREXIT, la posición contraria mostrada por algunos Estados de la UE o las futuras elecciones en Estados Unidos, el hecho de que el 81% de las empresas de Canadá son filiales o sucursales de empresas de Estados Unidos supone que, sin necesidad de que el TTIP se ratifique, un gran número de empresas de EEUU podrían beneficiarse de las cláusulas del CETA, igual de perversas que las del TTIP.
CC.OO. pide al Gobierno español que no ratifique un acuerdo que beneficia a las multinacionales y que se han negociado de espaldas a la ciudadanía, con absoluta falta de transparencia y democracia. Su objetivo es modificar la regulación existente sobre negociación colectiva, privatización de servicios públicos, control sanitario de productos, estándares medioambientales, propiedad intelectual… para favorecer a las grandes empresas transnacionales.
Así mismo propician la privatización de servicios públicos y la eliminación de las cláusulas sociales en los contratos públicos.Supondrían la desregulación de las obligaciones de las multinacionales y una mayor defensa de sus derechos y forzarían a los Gobiernos a adaptar las normativas nacionales a los acuerdos transnacionales.
Supondrían ademas una nueva ola de reformas laborales, fiscales, financieras para la "armonización regulatoria" y las multinacionales podrían demandar a los Estados si consideran que sus beneficios se han reducido debido a la normativa nacional, supondrían la reducción de la protección de la ciudadanía como personas consumidoras y trabajadoras y la legislación y tribunales nacionales quedarían subordinados.
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