Nos acercamos al 28 de abril de 2019, que, por si alguien no lo recuerda en este contexto de campaña y de mensajes electorales, también es el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, fecha que habitualmente sirve para recordarnos que el mundo del trabajo produce víctimas, para homenajear y recordar a las propias víctimas y para hacer balance de las políticas preventivas con la esperanza, siempre, de corregir errores y reivindicar cambios que construyan un mundo del trabajo más seguro.
Podríamos haber pensado, si fuéramos ingenuos, que la coincidencia del proceso electoral con dicha celebración era una oportunidad para incorporar en el debate político reflexiones y propuestas para conseguir disminuir las cifras de siniestralidad, para mejorar los mecanismos de información sobre los daños a la salud ocasionados por el trabajo, para apostar por un mayor reconocimiento de las enfermedades relacionadas en el trabajo, para, en definitiva, contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y vida. Pero asistimos a un olvido generalizado, pocos mensajes, pocos debates alertan de lo injusto que resulta perder la vida y/o la salud en el trabajo. Poco interés despierta, también, en los medios de comunicación cuáles son las propuestas al respecto.
Y sin embargo, los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo siguen ahí.
Posiblemente las cifras de siniestralidad resultan frías o lejanas para la mayoría de nuestra sociedad y por eso no concitan la atención mediática ni electoral, pero son la expresión más evidente de una violencia estructural que castiga a los trabajadores, y esto es así porque en general se asume como un coste del sistema productivo o porque se considera imposible prevenirlos.
Pero nada más lejos de la realidad, los daños a la salud en el trabajo se pueden y deben prevenir y las políticas públicas tienen un papel fundamental en este objetivo, por ello resuenan más los silencios sobre la materia en esta campaña electoral.
La vigilancia de la salud, tanto individual como colectiva, es un derecho de los y las trabajadoras y una pieza fundamental de la estructura preventiva. Es necesario proceder a una reforma que garantice dicho derecho y evite el riesgo de convertirse en elemento de discriminación.
Son muchos los cambios y debates que proponemos, pero la materia lo exige, aunque tenemos la sensación de clamar en un desierto, el que deja una política preocupada, casi en exclusividad,por los problemas identitarios.
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