CC.OO. rechaza la reforma de las
Mutuas
El texto de Ley de
Mutuas aprobado hoy en el Consejo de Ministros ha sido trasladado a las centrales
sindicales para su conocimiento sin existir un marco real de diálogo social en
una cuestión trascendental para la salud y la seguridad de los trabajadores.
La reforma de la Ley
de Mutuas aprobada hoy en el Consejo de Ministros refuerza, contra el criterio
expresado por los sindicatos, el carácter privado de estas entidades y les
mantiene competencias que han ido asumiendo a lo largo de los años (gestión de
la prestación económica de IT por contingencia común, prestación por hijo
enfermo, cese de actividad de autónomos), lo que parece cuestionar, de forma
injusta, la capacidad, en nuestra opinión más que acreditada del Instituto
Nacional de la
Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo y de los
medios públicos para gestionar estas prestaciones.
El
Gobierno mantiene un criterio alejado de la prevención de riesgos laborales y
no acaba de fijar un compromiso firme de Seguridad Social con la financiación
de actividad preventiva, a la vez que fuerza la venta o disolución de las
Sociedades de Prevención adscritas a las Mutuas sin comprometer un diálogo
pausado que evite perjudicar a este sector. Con el texto actual no se garantiza
la calidad de los servicios, ni la estabilidad en el empleo, ni la continuidad
del trabajo de aquellas Sociedades de Prevención que eran eficaces en la
reducción y control de daños.
Aunque en relación a los primeros borradores del R.D. de gestión de la IT en los primeros 365 días, el
Gobierno retira a las Mutuas la posibilidad de alta ante el silencio
administrativo de los Servicios Públicos de Salud, la reforma refuerza, de
forma absurda, las capacidades de control de las Mutuas desde el primer día de
baja, estableciendo un procedimiento por el que pueden proponer el alta a la
inspección médica del sistema público de salud y de no ser atendida esta
petición en 5 días, se les abre la posibilidad de presentar recurso ante el
INSS que dispondría de 4 días para resolver el expediente. Además, otorga a las
Mutuas la capacidad de declarar justificada o no la incomparecencia del
trabajador ante una propuesta de revisión médica por parte de la Inspección Médica
del Sistema nacional de Salud, en una delegación de funciones de control que
rechazamos.
Todas
estas modificaciones se apoyan en criterios economicistas (evitar un excesivo
absentismo laboral, a nuestro juicio inexistente) apartando de las prioridades
la recuperación de la salud de los trabajadores.
Es cierto que la reforma ajusta los recursos de las
reservas de las que pueden disponer las Mutuas, pero se mantienen algunos
conceptos indeterminados que generan dudas por el uso que se pueda hacer de
estos recursos públicos gestionados por las entidades colaboradoras. Incluso su
nueva denominación (Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social)
no disimula que en un futuro se les pueda seguir derivando competencias
públicas.
La Administración, pese a su opción por el refuerzo de
las Mutuas, mantiene criterios de dirección y tutela sobre las mismas y
clarifica las responsabilidades de sus Presidentes y Juntas Directivas, aunque
en nuestra opinión debería haberse profundizado en esta línea de control
público, máxime si se tienen en cuenta los casos de malversación de recursos en
el histórico de algunas Mutuas.
En
opinión de CC.OO. el Gobierno ha perdido la ocasión de consensuar una ley que
pudiese perdurar a futuro por el establecimiento de unas bases que contasen con
la aprobación de todos los implicados en este sector, tan importante, ya que
estamos hablando de la salud de los trabajadores.
