MANIFIESTO RTV
NO AL
DESMANTELAMIENTO DE LA RADIO TELEVISIÓN PÚBLICA
NO A LOS
DESPIDOS EN TELEMADRID Y CANAL 9
POR
UNA RADIO TELEVISIÓN PÚBLICA ESTATAL Y AUTONÓMICA DE CALIDAD
Madrid, 7 de febrero 2013
Desde hace meses estamos asistiendo a decisiones
del Gobierno, tanto central como autonómicos, que tienen como objetivo la
liquidación de servicios públicos esenciales en la sociedad. Así ocurre con la
privatización de la sanidad o la educación y, en estos momentos, con las Radio
Televisiones Públicas, auspiciada por el cambio legislativo del actual
gobierno, que supuso la modificación de la Ley General de la Comunicación
Audiovisual, abriendo las puertas a la gestión privada.
Son claros ejemplos de este exterminio de los
medios de comunicación públicos el Expediente de Regulación de Empleo en la
RTVV (Canal 9, Radio 9 y el Ente Público) en el que, sin llegar a ningún
acuerdo con los/as trabajadores/as, la Generalitat Valenciana ha empezado a
despedir a 1.198 trabajadores/as, de un total de 1600, y el que se ha planteado
en RTVM (Telemadrid, Onda Madrid y el Ente Público) con el que la Comunidad de
Madrid destruirá 829 puestos de trabajo de una plantilla de 1.170. Hace muy pocos días, la mayoría de los
trabajadores/as afectados/as han recibido cartas de despido y han sido
expulsados/as de las instalaciones de Telemadrid. Estos
son los casos más flagrantes de cómo la mala gestión de directivos corruptos da
al traste con los proyectos de muchos profesionales que han desarrollado
productos informativos, culturales y de entretenimiento de alta calidad.
Estas brutales agresiones, junto con los recortes
presupuestarios que se están produciendo en todas las cadenas autonómicas o la misma RTVE, son el pistoletazo de salida para
acabar con un servicio que consideramos esencial e imprescindible en términos
de rentabilidad social e independencia informativa.
El servicio público estatal y autonómico de
radiotelevisión y servicios interactivos son cruciales para salvaguardar la
diversidad y la identidad cultural y lingüística, el pluralismo, la cohesión
social, la promoción de las libertades fundamentales y el propio funcionamiento
de la democracia.
El actual escenario de crisis económica no debe
servir de justificación para entregar a grupos políticos y empresariales
privados un servicio público de gran valor social, ya que si este servicio
fundamental se privatiza, se pondrá en riesgo el derecho de la ciudadanía a una
información pública, veraz y de calidad, recogido en la Constitución Española y
se perderá la custodia del fondo y archivo audiovisual estatal y autonómico.
Se ha demostrado, además, que el modelo de
privatización y concesión a empresas privadas de las televisiones públicas
autonómicas, puesto en marcha en Murcia, Canarias, Aragón o Castilla y León, y ya aplicada en origen en IB3 y la RTV canaria, no
es viable social ni económicamente. No solo no ha garantizado una
televisión de calidad, sino que tampoco ha reducido costes. Inmersas en
procesos de despido colectivo (como es el caso de RTVCyL) e incluso de
cierre (la televisión murciana ha dejado de emitir temporalmente), a
pesar de la precariedad laboral de sus plantillas, no han proporcionado el
servicio público de radiotelevisión costeado a través de los presupuestos
generales de sus respectivas comunidades autónomas. Ha servido sólo para incrementar y profundizar las redes de
corrupción tejidas en torno a la radiotelevisión y a diversos gobiernos
autonómicos.
Otro modelo de televisión pública es
posible. Un modelo en el que se racionalice el gasto dando prioridad al
servicio público y al mantenimiento del empleo, en el que la información veraz
y de calidad sustituya a la manipulación partidista y donde los intereses de la
ciudadanía primen sobre los de los lobbies empresariales y grupos políticos. En
este sentido, rechazamos expresamente los informes de viabilidad encargados a
grandes consultoras, como Price- Waterhouse, Deloitte, Cuatrecasas o KPMG, pues
carecen de neutralidad y transparencia para emitir valoraciones sobre el
funcionamiento de empresas públicas que desconocen, y actúan bajo la presión de
otros clientes ligados a los intereses de la radio televisión privada.
Por todo ello, los abajo firmantes exigimos la
retirada de los Expedientes de Regulación de Empleo y el cese de los despidos
en RTVM y RTVV, así como la retirada de las medidas de recorte y precarización
de las condiciones laborales de los trabajadores de los medios de comunicación
públicos. Igualmente reclamamos que se garantice la viabilidad de éstos y sus
principios fundacionales, negociando planes alternativos basados en la
reducción de costes por medio de la producción propia interna y la
internalización de servicios; controlando el gasto y limitando el número
y las retribuciones de los equipos directivos, con una financiación estable, a
través del contrato-programa u otras fórmulas, que permita la continuidad y
sostenibilidad del servicio público de comunicación.
Así mismo, expresamos nuestra voluntad de defender
la existencia de una radiotelevisión pública que:
Disponga de una oferta audiovisual diversa,
gratuita y de calidad; que proporcione una información veraz e independiente,
que respete el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas,
garantizando el acceso universal a la cultura, al entretenimiento y a las
posibilidades que abre la sociedad de la información y el conocimiento en el
nuevo entorno digital.
SIN INFORMACIÓN NO HAY
DEMOCRACIA
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