Ante la ofensiva penal del gobierno contra los sindicalistas participantes de las huelgas, impulsando a la Fiscalía del Estado para que solicite penas de cárcel a compañeros participantes de la difusión de las huelgas y piquetes informativos, CC.OO. ha convocado, una CONCENTRACIÓN EL MARTES, 1 DE JULIO A LAS 10 H. EN LA PLAZA DE CALLAO (MADRID).
Se solicitan penas de hasta 3 años de cárcel para un sindicalista de Navantia y dos afiliados a CCOO . Ocho sindicalistas de Airbus se enfrentan a peticiones de 64 años de cárcel, en total, por ejercer el derecho a la huelga . La fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel para la secretaria general de Illes Baleares de CCOO, por hechos sucedidos en la huelga general de marzo de 2012, sobre los que no existe ni una sola prueba . En Pontevedra dos sindicalistas de una piscina municipal son condenadas a tres años de cárcel . En La Rioja se solicita dos años para cada uno de los cinco sindicalistas "por coacciones" durante la huelga general de 2010 .
Así hasta cerca de 50 procedimientos a más de 150 sindicalistas y trabajadores, promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal, sólo de CC.OO., a los que hay que añadir sindicalistas del resto de organizaciones y demás trabajadores imputados por el delito de ejercer el derecho a la huelga.
Se trata de una restricción ilegítima de los derechos
democráticos y de una nueva vuelta de tuerca en la cruzada que ha emprendido el
Gobierno contra las organizaciones sindicales.
No cabe duda de que se pretende amedrentar al activo sindical a la hora
de desarrollar un derecho fundamental como es el de la huelga. También es
evidente que no lo conseguirán, ya que la huelga no es más que la expresión del
conflicto latente en las relaciones económicas y laborales. Aplicar políticas
que deterioran la posición de las y los trabajadores tanto en el campo laboral
como en el social, es agudizar ese conflicto, y el sindicato no es más que una
herramienta de organización del mundo del trabajo.
Se está instalando en las élites dirigentes, tanto
políticas como económicas, un neo-autoritarismo que pretende coartar el ejercicio de
derechos fundamentales. El modelo social consistía entre otras cosas en un compromiso compartido y “constitucionalizado”
para que el poder público se responsabilizara de una serie de necesidades de
las personas a lo largo de la vida: la salud, la educación, el derecho laboral,
determinadas contingencias que surgen a lo largo de la trayectoria laboral, la
jubilación, las situaciones de dependencia… Además de forma paulatina
conseguimos que estas necesidades cubiertas fueran exigibles al poder público.
Es decir, que fueran derechos.
En un momento en el que se considera ese modelo social como un lastre
para el desarrollo económico y en el que hay una ofensiva ideológica para
desmontarlo, se pretende romper la posibilidad de exigencia de esos derechos. Por tanto se trata de relativizar garantías, posibilidades
de exigencia de derechos y, muy importante, deteriorar o laminar el papel de
las organizaciones que están en la base de muchos de esos derechos.
No es sólo la huelga. Son las tasas judiciales para evitar el recurso
ciudadano a la reparación de la justicia. Es el deterioro de la imagen de lo
público intentando relacionarlo con la ineficacia. Y por supuesto, es debilitar
la capacidad de actuación de los sindicatos. Criminalizar el ejercicio del derecho de huelga no es un verso libre en
todo este movimiento.
