El 28 de abril es la fecha que eligió el movimiento sindical para recordar a los trabajadores que perdieron la salud y la vida en accidentes de trabajo o por enfermedades de origen laboral, y para denunciar las precarias condiciones de trabajo que están en el origen de estos daños.
Por este motivo, CCOO ha elaborado un manifiesto en el que se hace balance de un año de pandemia de COVID-19 y de sus efectos en la seguridad y la salud en el trabajo. Un año en el que se ha puesto de manifiesto de manera dramática la contradicción entre la salud y la vida y las presiones para mantener la actividad económica mucho más allá de lo que aconsejaban los expertos en salud pública.
Han sido las plantillas de los sectores ya conocidos como esenciales quienes han sufrido los estragos del virus de manera más directa y en muchas ocasiones sin el debido reconocimiento por parte de las autoridades. Recientemente se ha asimilado la COVID-19 a enfermedad profesional en el caso de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, en lugar de un accidente laboral, como se venía haciendo hasta el momento. Para CCOO esta medida es insuficiente, y exigimos que la COVID-19 se incluya en el listado español de enfermedades profesionales, extendiendo esta cobertura a un mayor número de profesiones expuestas al riesgo y sin limitación temporal.
2021 debe ser también el año que marque el inicio del fin del problema del cáncer de origen laboral. La falta de reconocimiento de los cánceres de origen laboral está privando a las personas afectadas de las prestaciones derivadas de la contingencia profesional. CCOO seguirá presionando para que las modificaciones de la Directiva Europea sobre protección frente a la exposición a cancerígenos y mutágenos sean traspuestas en tiempo y garantizando la máxima protección de la salud de los trabajadores. Asimismo, debería ser el año de la derogación de la reforma laboral, porque la precariedad mata. La precariedad laboral y la mercantilización de la prevención hacen que esta lacra siga presente.
CCOO reclama la plena integración de la salud laboral en la salud pública, con mayor convencimiento desde la experiencia de la pandemia, lo que exige una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y de trabajo tanto en la Administración General del Estado, como en las CCAA. Insiste en la necesidad de dotar de mayores recursos tanto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los institutos regionales.
Porque el trabajo debe ser decente, digno y de calidad, libre de riesgo. Nadie debería tener que elegir entre trabajo y salud.
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