CONCENTRACIÓN: DESMANTELAMIENTO DE LA JUSTICIA

Miércoles 10 de septiembre 11:30

Ante el desmantelamiento

de la Administración de Justicia

Concentración ante el

Tribunal Supremo

Plaza de la Villa de París, Madrid

El Gobierno ha decidido proceder al desmantelamiento de otro de los pilares de los Servicios Públicos indispensables para garantizar los derechos de la ciudadanía: La Administración de Justicia

Para ello, entre otras medidas, ha procedido a:

·       Aprobar dentro del Real Decreto Ley 8/2014 (BOEde 5 de julio) "de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia", la privatización de los Registros Civiles.         Esta privatización supone:                                                                                                                                                                        - Que los usuarios tengan que pagar por un servicio público y obligatorio,  hasta ahora universal y gratuito.

- Que se supriman cientos de oficinas de Registro Civil.

- Que se gestionen datos de carácter privado (sujetos a la más estricta confidencialidad) por personal externo.

- Que se suprimirán cerca de 4.000 empleos públicos

- Que miembros del Gobierno podrían estar incurriendo en un presunto delito de tráfico de influencias o negociaciones prohibidas a funcionarios (art. 439 Código Penal), además de incurrir en presuntas responsabilidades en relación con lo que se deriva de lo regulado en la ley 5/2006 de de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

·                                   Estar a punto de aprobar la reforma de la LOPJ (previsiblemente en consejo de ministros de Septiembre), norma legal que regula todo lo relacionado con el funcionamiento de la Administración de Justicia, el poder judicial y la estructura de los órganos judiciales.

Tendrá, entre otras, las siguientes consecuencias para el servicio público y para el empleo:

-Desaparecerán decenas de los partidos judiciales actualmente existentes así como cientos de Juzgados de Paz y Agrupaciones de Juzgados de Paz, alejando la justicia de sus usuarios, los ciudadanos.

- Se privatizarán los actos de comunicación y ejecución, hoy reservados al personal de la Administración de Justicia que asegura la imparcialidad en los procedimientos judiciales.