Iniciativa Legislativa Popular
CC.OO. ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular para llevar al
Parlamento una proposición de ley que rechaza la Ley 18/14, cuya entrada
en vigor está prevista para el próximo 15 de julio, y que pone en manos
de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles la llevanza de un
servicio público, hasta ahora gratuito y servido por personal de la
Administración de Justicia. Solo en dos semanas se han recogido miles de
firmas entre la ciudadanía.
Para CC.OO., es necesario detener la privatización del Registro Civil, que es público desde 1871, porque supone una pérdida de más de 8.000 oficinas de este servicio público. Se pasaría de más de 8.120 oficinas que hay en la actualidad en España, a tan solo poco más de 100. Los ciudadanos dejarán de poder acudir a un Registro Civil en el municipio en el que viven.
El Registro Civil es un servicio público que afecta a más de un millón de personas anualmente, solo en trámites obligatorios como nacimientos, defunciones y matrimonios. Si se privatiza, habrá que pagar por muchos trámites hoy gratuitos y serán obligatorios y de pago otros que hasta el momento no lo son.
Además pone en riesgo más de 5.100 empleos de la Administración de Justicia para favorecer a los registradores, que no son funcionarios públicos, tal y como establece la Unión Europea mediante sentencia.
Para CC.OO., es necesario detener la privatización del Registro Civil, que es público desde 1871, porque supone una pérdida de más de 8.000 oficinas de este servicio público. Se pasaría de más de 8.120 oficinas que hay en la actualidad en España, a tan solo poco más de 100. Los ciudadanos dejarán de poder acudir a un Registro Civil en el municipio en el que viven.
El Registro Civil es un servicio público que afecta a más de un millón de personas anualmente, solo en trámites obligatorios como nacimientos, defunciones y matrimonios. Si se privatiza, habrá que pagar por muchos trámites hoy gratuitos y serán obligatorios y de pago otros que hasta el momento no lo son.
Además pone en riesgo más de 5.100 empleos de la Administración de Justicia para favorecer a los registradores, que no son funcionarios públicos, tal y como establece la Unión Europea mediante sentencia.
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