convocadas el próximo 29 de abril en todo el país -en Madrid a las 12,00 horas, desde Neptuno a Sol - por los sindicatos
y la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos,
contra el nuevo recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación
aprobado por el Gobierno. Como ha denunciado CCOO,
“El Ejecutivo de Mariano Rajoy está provocando con
sus decisiones una situación de estado de emergencia económica, que además
genera alarma social”. Los sindicatos ya han advertido que mantendrán
una movilización sostenida y que habrá más acciones dependiendo de la respuesta
del Gobierno. Estamos ante unos recortes muy graves, que suponen
un retroceso de más de treinta años en nuestro Estado de bienestar.
Desde el inicio de la crisis las instituciones europeas,
dominadas por la ideología neoliberal y
los partidos conservadores, han impuesto una
política que se basa exclusivamente en la reducción
del déficit en unos plazos imposibles
de asumir. Se ha renunciado expresamente a
combinar dichas políticas con otras dirigidas a
estimular la actividad económica y a generar
empleo, cuando en Europa se ha superado la
cifra de los 24,5 millones de personas en paro
(en España el paro afecta a 5,5 millones de personas,
y puede alcanzar los 6 millones a finales
de 2012), y no se ha dudado en forzar cambios
normativos para institucionalizar estas políticas
bajo la amenaza de sanción para quienes no las
cumplan.
En España vimos cómo se procedía a la reforma
Constitucional por imposición de la UE y sin
que la ciudadanía española pudiese emitir su
opinión, y ahora estamos sufriendo las conse-
cuencias de esta política en todos los terrenos.
En el de los derechos laborales se han impuesto
dos reformas del mercado de trabajo
que han respondido a las mismas exigencias,
siendo la más reciente la que ha superado
todos los límites, al hacer más fácil y barato
el despido, al condenar a los jóvenes a la
precariedad y al despido libre y gratuito, al
individualizar las relaciones laborales desmembrando
la negociación colectiva y al dar
todo el poder a los empresarios para modificar
discrecionalmente las condiciones de
trabajo. Al mismo tiempo, se ha deprimido la
capacidad adquisitiva de pensionistas, empleadas
y empleados públicos, y asalariados
en general.
En el terreno de los derechos sociales, las políticas
de ajuste, que empezaron en mayo de
2010 y que ahora se han intensificado, están
suponiendo un grave deterioro de servicios
públicos básicos: educación, sanidad, atención
a la dependencia,… Al mismo tiempo
se incrementan las personas que no perciben
ningún tipo de prestación, alcanzándose
la cifra de los 2,6 millones. La consecuencia
es clara: se deterioran los servicios públicos
y con ello la calidad de vida de la ciudadanía,
en especial de los sectores más vulnerables
de la sociedad: pensionistas, jóvenes, mujeres
e inmigrantes y aumenta la desigualdad,
la pobreza y la marginación.
En el terreno político, el ataque a los derechos
viene acompañado de un ataque a las
libertades y a la calidad de nuestra democracia.
La reforma constitucional, los intentos
del Gobierno de convertir la jornada de
huelga general del pasado 29 de marzo en
un problema de orden público (con detenidos
que todavía no han salido de la cárcel), los
anuncios de endurecimiento de las condiciones
para poder convocar movilizaciones
ciudadanas, la amenaza de elaborar una ley
de huelga, la reforma de la ley del aborto,…
son síntomas preocupantes de una involución
democrática.
Alguien ha llegado a la conclusión de que
nuestra economía no puede competir en el
mercado globalizado si no suelta lastre, y
entienden por lastre los derechos laborales y
sociales. Para poder llevar acabo medidas tan
injustas e impopulares deben restringir
los derechos e intentar acabar con quienes
promovemos la contestación, entre
ellos el movimiento sindical.
Los recortes que no cesan
Ahora se han presentado los PGE para el
año 2012 y a los dos días se nos anuncia un
recorte presupuestario adicional de 10.000
millones en sanidad y educación.
Van a recortar 3.000 millones en educación
a base de aumentar el número de alumnos
por aula, de reducir las plantillas a través de
incrementar la jornada de los docentes, de
paralizar la aplicación de determinados ciclos
formativos, de incrementar las tasas universitarias,…
Ahora sabemos que se va a imponer el repago
de los medicamentos y que por primera
vez van a pagar los pensionistas. Con ello
pretenden ahorrar en torno a 3.500 millones
y no han dicho de dónde van a recortar más
para llegar a la cifra total, ¿recortarán en la
cartera de servicios?
deterioro de la calidad de la enseñanza (así
lo indican todos lo informes internacionales)
que como todas estas medidas se cebarán
en los sectores más desfavorecidos de la población,
afectando gravemente a la igualdad
de oportunidades.
En sanidad las medidas planteadas no sólo
son difíciles y costosas de gestionar, sino
que pueden suponer que quienes más lo
necesitan, los pensionistas con menos ingresos
y dolencias más serias, dejen de recurrir
a la sanidad aumentando los riesgos
para la salud e incrementando los gastos de
hospitalización, como ya ha sucedido en los
países que las han aplicado. Además, suponen
un recorte encubierto de las pensiones,
que el Gobierno se había comprometido a
no tocar.
Ambas líneas de recortes desbordan los
límites de lo asumible. No mejorarán la
situación económica y sí representan un
retroceso de más de treinta años en la calidad
de servicios tan esenciales como la
educación y la sanidad.
Ya está bien. Quieren acabar con todo. Con
la educación y la sanidad no se juega. Por
nuestros niños y niñas, por nuestros jóvenes,
por nuestros pensionistas, por nuestro
futuro no podemos permanecer impasibles.
Estamos obligados a responder.
No podemos ser cómplices silenciosos del
mayor retroceso en derechos de nuestra
historia.
0 comentarios:
Publicar un comentario