LOS ALCALDES EN CONTRA DE LA REFORMA LOCAL

Amplio rechazo de los alcaldes a la reforma de la Administración Local

El domingo 13 de octubre, alcaldes de todos los grupos políticos, a excepción del PP, participaron en una asamblea en Madrid para expresar su rechazo frontal a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y para pedir al Gobierno que retire la ley y que inicie negociaciones con todos los grupos parlamentarios.

Entre los firmantes de la convocatoria se encuentra el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, y los ediles de Rivas, José Masa (IU); Mollerusa, Marc Solsona (CiU); La Laguna, Fernando Clavijo (CC); Muro, Rafael Climent (Bloc); Basauri, Andoni Busquet (PNV); el concejal madrileño David Ortega (UPyD) y el presidente de la FEELM, Antonio Martín Cabanillas.
El acto contó con la presencia de una delegación de CC.OO. de la  Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC).

Desde que el gobierno planteó el proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, CC.OO. se ha posicionado en contra de una ley que considera que es uno de los ataques más duros al modelo de bienestar y de convivencia que se ha producido en la etapa democrática. De aprobarse en su redacción actual, la reforma va a suponer un debilitamiento de la democracia local y una pérdida de derechos y empleo público importantes.

La ley contempla medidas que suponen un ataque a las competencias locales en materia de educación, cultura, servicios sociales, sanidad, medioambiente, desarrollo rural y cohesión social, ya que el proyecto de ley plantea la desaparición de servicios públicos, la fusión y disolución de entidades locales y entes instrumentales, pudiendo desaparecer mancomunidades, consorcios y entidades locales menores; todo ello sin contemplar ninguna garantía para la parte trabajadora afectada por estos procesos.

Esta situación se ve agravada por la reforma laboral que propicia los ERE extintivos en las Administraciones Públicas, con lo que la sangría para el empleo es evidente. Se pueden destruir decenas de miles de empleos públicos, lo que contribuirá a incrementar aun más los niveles de pobreza y exclusión social.

Por otra parte, el proyecto de ley plantea además una drástica reducción de la capacidad de negociación del personal de las entidades locales.

Este proyecto no solo ha contado con el rechazo sindical, sino que tiene además un amplio rechazo social, y de manera muy significativa el de alcaldes de todo el espectro político en el conjunto del Estado.