PENSIONES. PROPUESTA DE CC.OO.

CC.OO. PRESENTA UNA PROPUESTA PARA AUMENTAR LOS INGRESOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES


CC.OO. rechaza la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que pretende el Gobierno

El Ejecutivo no hace frente a los verdaderos retos del sistema de pensiones

El Gobierno ha propuesto dos medidas centradas en reducir el gasto y disminuir las pensiones:

• Factor de Sostenibilidad (FS): Se aplicaría a partir de 2019 a los nuevos pensionistas. Consiste en un índice basado en la evolución de la esperanza de vida que formaría parte, como un elemento adicional, de la fórmula actual utilizada para la obtención de la cuantía de la pensión. De modo que si la esperanza de vida crece (como lo viene haciendo históricamente) la cuantía de la pensión inicial se reduce, y viceversa. La Ley 27/2011 de reforma de las pensiones recogía un compromiso de negociar un Factor de Sostenibilidad a partir del 2027. El Gobierno adelanta y define una mera reducción de las pensiones de jubilación que se reconozcan desde 2019.
• Índice de Revalorización de Pensiones (IRP): Se aplicaría a partir de 2014 a todas las pensiones. Sustituiría la actual fórmula de revalorización de pensiones (que toma como referencia la evolución de la inflación real) por otra en la que influyen, además de la inflación, otros elementos (evolución de gastos e ingresos, o el número e importe medio de las pensiones) y tiene un suelo mínimo de revalorización del 0,25% y un techo máximo del IPC+0,25%. 

Los efectos de las propuestas del Gobierno

Si se pusiesen en marcha las propuesta del Gobierno tal cual se han presentado, sin medidas adicionales de mejora de ingresos que corrigieran total o parcialmente sus efectos, supondrían una pérdida probable de poder adquisitivo de las pensiones de entre un 14,8% y hasta un 28,3% durante los próximos 15 años. 

El Gobierno reconoce que las medidas que propone tendrán como efecto que los pensionistas en los próximos 9 años dejarán de percibir un total de 33.000 millones de euros menos de lo que les hubiera correspondido con la normativa actual (unos 4.000 millones de euros  en media anual). Para CC.OO. esta cifra será mayor y se situará entre 71.000 y 84.000 millones de euros menos (8.000-9.000 millones en media anual), ya que el Gobierno utiliza una previsión de inflación que no se producirá. Un pensionista que perciba una pensión de 1.000 euros mensuales, bajo el sistema de revalorización actual, de acuerdo con la variación del IPC (el 2% conforme al objetivo del BCE), percibiría, tras diez años, una pensión de 1.219 euros. Con la propuesta actual del Gobierno, si la pensión se revalorizase al 0,25%, límite inferior, la pensión que percibiría pasados esos mismos diez años, sería 1.025 euros; es decir, 196 euros mensuales menos. Por tanto, el pensionista, tras dicho período, podría llegar a ver reducido su poder adquisitivo en hasta un 15,9%, o hasta el 20% si la inflación del período fuese similar a la media de los últimos diez años, un 2,5%. Estas cifras de pérdida de poder adquisitivo podrían ser menores si la revalorización en algunos de esos diez años fuese superior al 0,25%, si bien seguiría sufriendo una importante merma de capacidad adquisitiva.

LOS VERDADEROS RETOS DEL SISTEMA DE PENSIONES

El primer reto es grave pero coyuntural. Se trata del déficit que presenta nuestro sistema de Seguridad Social como consecuencia de la destrucción de empleo y consecuente caída de ingresos por la crisis económica y la equivocada política económica de austeridad a ultranza. De 2007 a hoy se han destruido más de 3 millones de empleos. Esto exige actuaciones en el corto y medio plazo orientadas a mejorar ingresos, pero no una reforma estructural como la presentada por el Gobierno.

El segundo reto es más estructural. Se trata de la llegada a la jubilación en las próximas 3 décadas de las generaciones más numerosas de la historia de España. Situación conocida y previsible que hará que a mediados de siglo el número de pensionistas alcance los 15 millones. Este reto precisa de actuaciones anticipadas como las que venimos abordando desde hace 20 años, además de seguir actuando en el medio y largo plazo. El Gobierno renuncia a medidas de mejora de ingresos e intenta utilizar la reforma del factor de sostenibilidad para recortar las pensiones y corregir así el déficit que coyunturalmente presenta el sistema de Seguridad Social.

PROPUESTAS DE CC.OO. PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL SISTEMA DE PENSIONES

Ante las medidas centradas en reducir el gasto y disminuir en términos reales las pensiones, CC.OO. ha presentado un paquete completo de propuestas alternativas centradas en materia de ingresos que, aplicadas total o parcialmente, permitirían abordar los retos coyunturales y estructurales del sistema de pensiones, e incrementar los ingresos. Son medidas concretas en el corto, medio y largo plazo.

 Incremento temporal de los tipos de cotización que financian las pensiones, mediante un esfuerzo adicional compartido y proporcional entre las empresas, los trabajadores con empleo y el Estado.

• 2 puntos porcentuales son ingresos adicionales entre 6.000-7.000 millones de €/año (0,67% PIB). Este aumento de cotizaciones se mantendría por la cuantía y el tiempo que exigiese la actual coyuntura de déficit, permitiría reducir el consumo anticipado del Fondo de Reserva y prolongaría su papel de garantía de las pensiones. 
•  Para distribuir los esfuerzos de este incremento temporal de ingresos, puede jugar un papel importante una reordenación coyuntural de los tipos de cotización y contingencias, elevando las dedicadas a contingencias comunes y reduciendo otras cuyo descenso sería asumido por el Estado al mantener las coberturas que vienen a proteger, el resultado es un reparto equitativo de esfuerzos entre empresas, trabajadores con empleo y Estado.

 Convergencia de la base media de cotización del Régimen de Autónomos con la del Régimen General.

•  La base media de cotización de los autónomos es un 42% inferior a la que declaran los trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General. Debe profundizarse en los sistemas de estimación directa de ingresos por actividades económicas o profesionales, lo que tendrá importantes consecuencias en la recaudación fiscal y en los ingresos de la Seguridad Social.

 Políticas de reactivación económica que ayuden a recuperar los 3 millones de empleos perdidos en lo que va de crisis.

•  La pérdida de cada millón de afiliados a la Seguridad Social supone una reducción de ingresos de 5.000 millones de euros anuales, los 3 millones largos de empleos destruidos equivalen a un 1,43% del PIB en términos de cotizaciones que no se ingresan cada año en Seguridad Social, siendo esta una consecuencia derivada del drama humano que provoca la masiva destrucción de empleo que padecemos.

Financiación de las prestaciones de muerte y supervivencia.

• No se trata en esta propuesta de modificar el régimen jurídico de estas prestaciones, ni su cuantía actual, que en muchos casos debería mejorar. Se trata de adaptar el sistema de pensiones a la realidad y evolución de la sociedad española, abordando al tiempo una medida, compatible incluso con los objetivos de déficit impuestos, con un potencial de impacto económico estructural, que permite afrontar buena parte del reto demográfico del sistema de pensiones en las próximas décadas.
•  El Pacto de Toledo debería abordar el debate sobre la conveniencia de una gradual financiación de dichas prestaciones desde la imposición general, en un periodo prolongado de tiempo, por ejemplo 25 años.
• Con ello, se reforzaría la financiación del conjunto de prestaciones de la Seguridad Social. En 2013 estas prestaciones supondrán 21.800 millones de euros (2,08% del PIB y más de un 20% del gasto total en pensiones).

La reforma fiscal es la actuación estructural más determinante y necesaria en la economía española que determina la capacidad de actuación del Estado.

• Si bien la estructura  normativa  de los ingresos en España  es similar a la europea, incluso superior  en la media en algunos tributos como es el IVA después de la última subida, la recaudación es mucho menor (casi 90.000 millones menos de ingresos en 2012, y casi 70.000 millones de menor gasto público que la media comunitaria), la razón es el menor cumplimiento  de las obligaciones  fiscales comparado  con los países del entorno. La tolerancia con el fraude fiscal en España es insostenible en términos económicos y éticos.
•  Equipararnos en gasto en pensiones sobre PIB a los países de nuestro entorno es algo perfectamente asumible. Proponemos por tanto la adopción de medidas y compromisos de financiación del sistema de pensiones, con financiación básicamente de cotizaciones sociales, a la que debe añadirse la aportación del Estado, garantizando que esta transferencia de renta entre generaciones se sitúe en el 13,5-14% del PIB al ritmo que exigen las necesidades de financiación de las pensiones.