CC.OO. ha mostrado su rechazo, tanto por el fondo como por la forma en la que se ha gestionado, al anteproyecto de ley para reforma la Ley de Mutuas planteado por el Gobierno, ya que pone en manos de las asociaciones de empresarios mayores competencias para la concesión, gestión y extinción de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, y desplaza al sistema público en la decisión sobre la enfermedad común. "Un paso más hacia la privatización, como ya ha ocurrido con la prevención de riesgos laborales", según advierte el sindicato.
Con este anteproyecto se cuestiona seriamente la capacidad de la Seguridad Social para gestionar las prestaciones del sistema, ya que se pretende que las mutuas tengan la llave para el acceso a las prestaciones y a la sanidad de la mayor parte de los trabajadores, otorgándoles mayor capacidad no sólo de ofertar prestaciones sanitarias en el caso de las contingencias profesionales, sino de establecer los criterios para el acceso a las prestaciones económicas de diversa índole y su facultad para la extinción.
Nos encontramos, por tanto, con un modelo que echa al sistema público y cede a las mutuas amplias capacidades en la concesión, gestión y extinción de prestaciones del sistema de la Seguridad Social
CCOO denuncia que con este anteproyecto se ha precipitado una decisión, sin diálogo social, ni sensibilidad por lo público. Una vez más, el Ejecutivo ha hecho caso omiso de todos los agentes comprometidos y principalmente de las propuestas de los trabajadores por medio de sus representantes. Tampoco se han tenido en cuenta las reclamaciones de la inspección médica, ya que se establece un procedimiento que hace responsables a éstos últimos de las consecuencias sanitarias de actos presuntos impulsados por los gestores económicos de la prestación.
Asimismo, se criminaliza a la víctima de la enfermedad y le hace objeto de seguimientos y controles no justificados por actos médicos. El objetivo de seguridad jurídica y transparencia no se logra; al contrario se vicia con un procedimiento sin garantías para los trabajadores y trabajadoras afectados.
CC.OO. advierte, asimismo, que no se aborda la necesaria dotación de recursos públicos para políticas de prevención que hasta hoy se financian con una parte de los resultados económicos positivos de las mutuas. La prevención es el cierre del círculo imprescindible de un sistema que pretende velar por la asistencia sanitaria frente a los daños y la adecuada gestión de las prestaciones. Teniendo en cuenta que desde la vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se han reducido los índices de siniestralidad en un 50 % y sólo una política mantenida de inversiones en prevención puede seguir garantizando estos resultados.
El sindicato considera que con este anteproyecto de ley de mutuas se insinúa un modelo dual sanitario, uno para trabajadores en activo gestionado principalmente por las mutuas y otro para el resto de la población. Al tiempo que deja al mercado la actividad preventiva, a la que este texto también da el último aldabonazo, obligando a las mutuas a desprenderse de sus activos en las sociedades de prevención antes de finales de 2014, para dejar en manos de la libre competencia del mercado la mayor parte de la actividad preventiva de las empresas.
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